En la ciudad de Buenos Aires hay 15.000 cámaras, distribuidas en la vía pública, autopistas y subtes. También hay cámaras privadas que corresponden a propiedades privadas, estaciones de servicio, comercios, etcétera. Con pedido de la justicia, esa información está disponible. Pero ¿cómo llegan tan rápido -si no antes- a los medios de comunicación? En estos casos mencionados son más que útiles para una investigación criminal pero ¿quién nos asegura que no estamos siendo vigilados? Nadie. De hecho, la semana pasada la jueza Elena Amanda Liberatori declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes.

¿Cómo se divide la línea entre la seguridad y la privacidad? Las cámaras del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP) permitió el acceso a datos biométricos de casi 10 millones de personas. Se incluye en el fallo que cualquier persona puede ser ‘juzgada’ por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho”. La Asociación por los derechos civiles ADC realiza un gran trabajo al respecto, que pueden leer en el informe Tecnologías de vigilancia en Argentina.

Y sino miren China, el país con más cámaras por habitantes del mundo.